El IAM analiza en una jornada en Huesca el camino que queda por recorrer para que sea una realidad la igualdad de derechos.
Las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación, en virtud de su sexo y debido a su diversidad funcional. Representantes institucionales y de entidades del sector coinciden en esta apreciación, al igual que en su percepción de que la sociedad ha avanzado mucho en los últimos años, pero que todavía queda mucho por hacer para lograr una sociedad donde la igualdad sea real.

HUESCA.- Así se puso de manifiesto ayer en una jornada organizada por el IAM y Cadis con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que versó sobre los derechos de las mujeres con discapacidad, y tuvo como escenario el Centro Cultural de Ibercaja de la capital oscense. En ella participaron la presidenta de DFA, Marta Valencia, el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, la directora del IAM, Natalia Salvo, y la técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Huesca Pilar Martín, y en representación de Cadis intervino Yolanda Abadía como moderadora.

Previamente, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés, María Victoria Broto, que abrió el acto, indicó en un encuentro con la prensa que el compromiso del Gobierno de Aragón se manifiesta en medidas concretas como el protocolo para mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, el primero que se hace en España, o las que se incluyen en la Ley de Igualdad de Aragón. «Yo creo que la igualdad está clara entre hombres y mujeres, pero también que tenemos muchos pasos que dar en este sentido, porque todavía no tenemos una igualdad salarial ni de oportunidades», dijo.

Broto explicó que el Gobierno aragonés está cerrando con los colectivos implicados un protocolo para las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, que incluye medidas que eviten su «revictimización» y adapta a sus necesidades los recursos que hay en materia de violencia de género. «Tenemos que tener una sensibilidad especial cuando la violencia se ejerce sobre personas discapacitadas, y es importante que todos los medios que se tiene a disposición de las víctimas estén accesibles y se trabajen de una manera especial», comentó.

Ya en la sala, la consejera recordó que el 21 % de los hombres con discapacidad tienen estudios superiores, frente al 12 % de las mujeres en su situación, y el 40 % de los primeros tienen una oportunidad laboral, frente al 23,5 % de las segundas.

Antes de ceder la palabra a los miembros de la mesa, Yolanda Abadía recordó que Cadis cuenta desde 2011 con un grupo al que llama «Mujer y discapacidad» para promover mejoras en áreas como el acceso al empleo, accesibilidad o autoprotección, entre otras. Se trata de un «trabajo en red», que se lleva a cabo en colaboración con otras instituciones como el IAM, o el Foro Municipal de la Mujer.

Marta Valencia recordó que el 10 % de la población tiene discapacidad y de este porcentaje, las mujeres representan el 60 %. A pesar de ello, «siguen siendo tratadas como una minoría». Según denunció, muchas de estas personas , en primer lugar por la sobreprotección de las familias, se contemplan como «niñas, sin derechos y asexuadas».

Abogó por la formación e información, frente a la «esterilización» y por el derecho al voto. «A las mujeres se les mete en una burbuja y se les relega a las tareas domésticas, mientras que a los hombres se les insta a trabajar».

Valencia apostó, además, por la formación y por el acceso a la educación en igualdad de condiciones. «Con la ESO se ha notado una evolución, pero falta más formación especializada para tener trabajo y gracias a él, autonomía».

Lamentó que existen «pocas medidas» para fomentar el empleo en la empresa ordinaria, y aseguró que la mayoría de las ofertas «van dirigidas a los hombres con discapacidad».

Fernando García Vicente se refirió al derecho al voto, que sólo puede prohibir un juez en una sentencia de incapacitación si así lo considera, y planteó otras muchas cuestiones entre las que destacó la importancia de conseguir la integración de estas personas, porque «el aislamiento es lo que las hace más vulnerables».

Natalia Salvo subrayó la importancia de que la ley aragonesa que desarrolla la orgánica sobre violencia de género tenga en cuenta cualquier tipo de violencia sobre la mujer, no sólo la que proceda de una pareja o expareja. «La ley aragonesa contempla todas aquellas formas que se ejerce sobre una mujer por el hecho de serlo», dijo, y se refirió a la sexual, mutilación genital, prostitución y trata con fines de explotación sexual, entre otras.

Al respecto, se facilitará el acceso a recursos que necesiten en el proceso de denuncia y después (pisos tutelados, casas de acogida, o centros de emergencia), se formará a los profesionales para que sepan cómo abordar estos casos y se creará una base de datos con los indicadores de discapacidad.

Pilar Martín, por su parte, se refirió a las perspectivas de la diversidad funcional en las políticas de igualdad municipales y destacó como grandes hitos el patronazgo, la etapa Equal, el Consejo de Autonomía Personal y Huesca + Inclusiva. Al final, indicó, todo «es una cuestión de trayectorias, posibilidades y encuentro».

Fuente: Diario del AltoAragón, 08/03/2017.