ZARAGOZA.- Aragón es la primera comunidad autónoma que tiene previsto aplicar un protocolo específico para atender a mujeres discapacitadas víctimas de maltrato, con recursos adaptados a sus necesidades y a todo tipo de minusvalías.

Así lo señaló a los medios la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Natalia Salvo, antes de explicar a una quincena de entidades de la discapacidad el Protocolo para la Prevención y Erradicación de la Violencia Machista en mujeres con discapacidad.

Este protocolo se está impulsando de forma paralela a la mejora del general que ya existe para que a su conclusión se pueda contar con un documento suficientemente efectivo.

Para su elaboración se ha diferenciado por ámbitos competenciales y se ha introducido como novedad el educativo por su capacidad en relación con la formación y prevención, y cada uno se tratará en mesas específicas, la primera de las cuales, la sanitaria, comenzará hoy el periodo de reuniones.

El objetivo es este programa, dijo Salvo, es «prevenir cualquier tipo de violencia contra las mujeres y atender todas las realidades» con las que se encuentran. La responsable del IAM lamentó que las mujeres con otras capacidades sufren una doble discriminación, por esta situación y por ser mujeres, y aseguró, que «se acrecienta en el medio rural».

De ahí que el objetivo sea afrontar esa doble discriminación y además, poner a disposición de las entidades de la discapacidad y de todas las mujeres que la sufran los mecanismos y recursos necesarios para puedan recurrir a ellos en el caso de que sufran algún tipo de violencia.

Aunque los problemas de las mujeres que sufren maltrato son comunes a todas, las que padecen una discapacidad se encuentran con la dificultad de que los recursos no están adaptados a sus necesidades.

Así, puso como ejemplo los teléfonos de atención a víctimas de maltrato, que aunque se intentaron adaptar para mujeres ciegas o sordas son «parches que han resultado insuficientes».

En este sentido, reconoció que las entidades tienen propuestas y recursos que las administraciones tienen que «valorar, acoger y potenciar». A la falta de adaptación de los recursos, Salvo añadió los problemas de «victimización secundaria», trabas y obstáculos que impiden que estas mujeres puedan denunciar o que en el caso de que lo hagan dé «los frutos esperados».

La directora del IAM reconoció que no existe una estadística sobre mujeres con discapacidad que sufren maltrato porque en la mayor parte de las bases de datos no se especifica el componente de discapacidad, lo que ayudaría a «solucionar de forma mejor» la atención.

Aunque tampoco hay porcentajes que establezcan si hay mayor tipo de violencia psíquica o física, la directora del IAM cree que este colectivo «sufre la misma violencia que cualquier mujer, pero con un mayor componente de discriminación». Marta Valencia, presidenta de CERMI Aragón, se refirió a los problemas de falta de adaptación de los recursos como las casas de acogida y a la necesidad de mejorar la formación de los profesionales para que sepan detectar todos los posibles casos de violencia, porque a las que presentan discapacidad intelectual a veces no se las cree. Según Valencia, en 2012 de todas las mujeres fallecidas por violencia, un 12 % eran discapacitadas.

Fuente: Diario del AltoAragón, 13/09/2016.